(EFE)
Pobladores de la comunidad La Quespala, en el sureño estado mexicano de Chiapas, enfrentaron este martes a elementos estatales y federales que buscaban ingresar al municipio de Frontera Comalapa, cerca de la frontera con Guatemala, para llevar a cabo acciones de seguridad.
Más de 1.500 elementos de la Sedena, Guardia Nacional y policía llegaron hasta la frontera con Guatemala donde desplegaron un operativo para proteger a la población y garantizar el orden.
Los pobladores armados con piedras, palos y machetes se apostaron en el acceso principal de la localidad para impedir que elementos del Ejército Mexicano de la Policía ingresarán, por lo que se registró un enfrentamiento a pedradas y gas lacrimógeno por varios minutos.
Los uniformados lograron dispersar a la población con gas lacrimógeno y al cabo de unos minutos lograron el ingreso, tomando el control de la comunidad, sin embargo otros grupos bloquearon las entradas y salidas de sus comunidades para evitar la entrada de las fuerzas federales.
Una de las manifestantes que impedía el paso a los uniformados acusó que el gobierno “no actúa, que habemos muchos afectados y gente desplazada, y si él quiere actuar como gobierno debería ver los lugares más afectados, y no venir a molestar a gente cuando acá ahorita no está pasando nada, todo está en Frontera Comalapa y Motozintla”, refirió.
Se presume que los campesinos, presuntamente vinculados con uno de los dos grupos de narcotraficantes que operan en la zona, bloquearon la entrada al ejido con vehículos y troncos para impedir el ingreso de los uniformados que partieron de Comitán hacia localidades de Frontera Comalapa la madrugada de este martes.
Según diversas organizaciones como el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, los municipios de Chicomuselo, Mazapa, y Frontera Comalapa, desde hace dos años han reportado la presencia del crimen organizado que ha sembrado terror y miedo.
Según las organizaciones defensoras de los derechos humanos del 2022 hasta la fecha se tiene contemplado un desplazamiento forzado de 8.000 personas y ninguna ha tenido atención y asistencia por parte de los gobiernos federal y estatal.
Luis Abarca González, miembro del Comité Digna Ochoa dijo a EFE que “se han enviado las denuncias e información a la Oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a la CNDH y a la Secretaría General de Gobierno, sin tener respuesta contundente”.
Refirió que la presencia militar en el gobierno actual “ha servido como instrumento” para proteger la imposición de megaproyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya, el Tren Transístmico y la extracción minera.
